El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas, un exmilitar y preso político que murió bajo custodia estatal en julio de 2025. El reconocimiento oficial del deceso no ocurrió sino hasta este jueves 7 de mayo de 2026, una decisión que surge tras la intensa presión ejercida por la Defensoría del Pueblo, partidos políticos y diversas organizaciones no gubernamentales ante un caso marcado por el hermetismo institucional.
Para intentar garantizar la imparcialidad en el proceso, se ha comisionado a la Fiscalía 80 Nacional, especializada en Derechos Humanos, instancia que ya ordenó la exhumación inmediata del cadáver para determinar las causas reales del deceso a través de expertos forenses de la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal.
La historia de Quero Navas es una cronología de irregularidades que comenzó el 1 de enero de 2025, cuando fue arrestado presuntamente por su pasado en el servicio militar durante el año 2023, según registros de la organización Foro Penal.
Durante meses, su madre, Carmen Navas, denunció que su hijo se encontraba en una situación de desaparición forzada, debido a que el sistema penitenciario le negaba información sobre su paradero a pesar de sus constantes visitas a los centros de reclusión. Esta versión de la familia contradice frontalmente el informe del Ministerio del Servicio Penitenciario, el cual sostiene que Quero fue trasladado desde la cárcel El Rodeo I al Hospital Militar de Caracas el 15 de julio de 2025 por una hemorragia digestiva, falleciendo diez días después a causa de un tromboembolismo pulmonar.
El Estado ha intentado justificar la falta de notificación a los familiares alegando que el recluso no aportó datos de contacto al momento de su ingreso hospitalario; sin embargo, este argumento choca con las denuncias de sus parientes, quienes aseguran haberlo buscado sin éxito en el penal donde supuestamente estaba recluido.
El caso reaviva el debate sobre la situación de los derechos humanos y la transparencia del sistema judicial en el país, especialmente cuando el Foro Penal todavía contabiliza 454 presos políticos, una cifra que persiste a pesar de la Ley de Amnistía promovida bajo la gestión de Delcy Rodríguez. La investigación que ahora inicia no solo deberá determinar responsabilidades forenses, sino explicar el silencio administrativo que mantuvo a una familia buscando a un hombre que ya había fallecido.
Redacción El Informante.-
Fuente: MP
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