El proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, acaba de chocar con el muro de la realidad financiera y las sanciones de Washington. El juez AlvinHellerstein ha dado luz verde para que la pareja presidencial venezolana sea representada por defensores públicos federales (CJA), luego de que su costoso equipo legal privado tirara la toalla por falta de pago.
La defensa privada, liderada por el abogado Barry Pollack, presentó una moción para retirarse del caso. El motivo no es falta de voluntad, sino de flujo de caja: las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mantienen bloqueados los fondos del Estado venezolano que estaban destinados a cubrir los honorarios.
Ni Maduro ni Flores poseen recursos personales en suelo estadounidense para costear una defensa de alto perfil."La imposibilidad de recibir pagos viola el derecho constitucional de los acusados a elegir su propio abogado", argumentó Pollack invocando la Sexta Enmienda.
Sin embargo, el juez Hellerstein no compró la tesis. Rechazó desestimar los cargos y aplicó la fórmula estándar del sistema estadounidense: si no puedes pagar un abogado, el Estado —el mismo que te acusa— te asigna uno.
Para la pareja, que hasta hace poco ostentaba un equipo de defensores de élite, este movimiento representa un golpe a su estrategia legal y comunicacional. Ambos se declararon "no culpables" tras su captura y traslado a EE. UU. en enero de 2026.
El proceso en Nueva York sigue su curso, aunque todavía no hay una fecha marcada en el calendario para el juicio principal. Por ahora, Maduro y Flores compartirán la suerte de cualquier procesado común en las cortes federales, a la espera de que sus nuevos abogados de oficio tomen el testigo de un expediente que quema.
Fuentes: Diario Las Américas, Miami News24 y CNN. -
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