Tras una década de confinamiento y un laberinto judicial, el empresario y político, Kamel Salame, reapareció públicamente en una rueda de prensa en la que relató parte de su trayectoria personal y política. Acompañado por su equipo legal y especialistas en derechos humanos, Salame denunció que, pese a haber obtenido una sentencia absolutoria en noviembre de 2021, el Estado venezolano le mantiene retenidos sus bienes junto a una restricción de sus derechos civiles, calificando su prolongado encarcelamiento como una injusticia sistemática carente de soporte probatorio.
El calvario de cinco cárceles
Durante este encuentro con los medios, Salame rememoró los años de reclusión que fracturaron su vida. El dirigente relató cómo el proceso en su contra, que incluyó la grave acusación de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, careció de cimientos legales sólidos desde su génesis. Su tránsito por el sistema penitenciario venezolano fue, en sus palabras, un itinerario de vulnerabilidad: desde su detención inicial en Uribana, pasando por Barinas y Barquisimeto, donde afirmó que su integridad física corrió peligro real, hasta sus traslados finales a Valencia y Maracay.
El abogado Miguel Bermúdez, como parte de su defensa, fue enfático al ratificar que Salame resultó absuelto de todos y cada uno de los delitos imputados. Para Bermúdez la inexistencia de pruebas fue absoluta y que la sentencia del 2021 no fue un acto de clemencia, sino el reconocimiento tardío de una inocencia que fue ignorada durante más de diez años.
La lucha por la restitución de bienes
Uno de los puntos más mencionados fue lo referido a la denuncia sobre el estado actual de sus bienes. Indicó que aunque la justicia lo declaró inocente, el Servicio Nacional de Bienes Incautados y el Servicio Autónomo de Registros y Notaría (SAREN) han mantenido una parálisis administrativa que le impide recuperar su patrimonio. Salame enumeró varias propiedades ubicadas en San Felipe, específicamente en el sector La Cuchilla, Banco Obrero, San Rafael; denunciando que varias de ellas se encuentra en condiciones deplorables.
"Todos mis bienes fueron saqueados. Lo que voy a recibir es chatarra", sentenció el empresario, quien también informó sobre la desaparición de varios vehículos de su propiedad.
Ante esta situación, Salame ha solicitado formalmente al Fiscal General de la República que aperture una investigación para determinar las responsabilidades penales de quienes estuvieron detrás de su detención y el posterior desvalijamiento de sus empresas. Sobre ello, sostiene que hasta la fecha, el Ministerio Público no ha emitido respuesta alguna a este requerimiento.
El Futuro Político
Pese a las especulaciones y la inquietud de los periodistas presentes sobre una candidatura inmediata, Salame respondió con prudencia. Aseguró que su prioridad actual es la recuperación de su vida civil y el apoyo a otros presos políticos en la defensa de su libertad y sus derechos. No obstante, dejó la puerta abierta a una futura participación electoral, en el caso de existir un clamor popular y una reestructuración profunda del sistema electoral.
"No tengo odio; aprendí a amar a la gente", afirmó al ser consultado sobre posibles resentimientos tras 17 años de limitaciones.
Perspectiva de Cambio y Visión de País
Finalmente, a través del canal digital YATVO, Salame compartió una visión optimista sobre el panorama geopolítico de Venezuela, destacando que percibe un cambio en la atmósfera nacional influenciado principalmente por los Estados Unidos y la presión internacional. Hizo hincapié en la crisis social que atraviesa el país, mencionando la precariedad salarial y la mendicidad que observa en las calles, problemas que definió como su principal motivación de lucha para el futuro.
El dirigente reveló además que cualquier aspiración, ya sea a la Asamblea Nacional, la Gobernación de Yaracuy o una Alcaldía, dependerá exclusivamente de la voluntad del pueblo y de la garantía de procesos transparentes.
"Hoy en día vamos a rescatar a Venezuela. Sigo visualizando qué es lo que hay que hacer para que la gente vuelva a sonreír", concluyó, reafirmando que, aunque su "muerte civil" persista administrativamente, su compromiso social permanece intacto.
Periodista: Luis Loyo.-
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