El Ministerio Público de Venezuela Otorga 146 Nuevas Excarcelaciones en Casos de Protestas Post Electorales
La administración encargada de Delcy Rodríguez informó que el sistema de justicia otorgó “medidas alternativas” a la privación de libertad a 51 personas que se encontraban procesadas o condenadas por diversos delitos.
A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Comunicación e Información, se indicó que estas decisiones forman parte del llamado Programa para la Convivencia Democrática y la Paz. Según el texto, las medidas fueron solicitadas por el Ministerio Público el pasado 16 de abril y aprobadas por tribunales competentes el mismo día.
Las autoridades señalaron que los beneficiarios estaban vinculados a supuestos “atentados contra la institucionalidad democrática”, aunque no se ofrecieron detalles sobre sus identidades ni el tipo de medidas otorgadas.
Denuncias y cifras de presos políticos
El anuncio se produce en medio de cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos. De acuerdo con la ONG Foro Penal, actualmente hay al menos 477 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre ellas decenas de extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.
En paralelo, continúan registrándose denuncias de persecución. El dirigente Orlando Moreno, del partido Vente Venezuela, reportó la presencia de funcionarios de seguridad en las afueras de su residencia en el estado Delta Amacuro.
Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció la negativa de anulación del caso contra el periodista Carlos Julio Rojas, tras más de un mes de retraso en la respuesta a su solicitud de amnistía.
También se suma el caso reciente del dirigente político Alexis Paparoni, quien fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía y posteriormente excarcelado bajo régimen de presentación, en un hecho que generó reacciones nacionales e internacionales.
Proceso de amnistía bajo observación
Estas medidas se enmarcan en un proceso de amnistía iniciado en febrero, mediante el cual, según cifras oficiales, más de 8.000 personas han recibido algún tipo de beneficio judicial. Sin embargo, la falta de información detallada sobre los beneficiarios y la naturaleza de las medidas ha sido objeto de críticas.
Organizaciones y actores políticos advierten que, pese a estos anuncios, persisten prácticas de detención y hostigamiento que mantienen bajo escrutinio la situación de derechos humanos en el país.
El gobierno reiteró que continuará promoviendo acciones orientadas al “reencuentro” de los venezolanos y al fortalecimiento del tejido social.
No obstante, el contraste entre los anuncios oficiales y las denuncias de nuevas detenciones y procesos judiciales abiertos mantiene el debate sobre el alcance real de estas medidas y su impacto en el contexto político y social venezolano.
Con información de IMP.-
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