Tras cumplirse 1.461 días sin un ajuste al salario base, la coalición sindical del magisterio en el estado Lara alzó su voz para exigir al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, la reanudación inmediata de las mesas de negociación. La solicitud central es avanzar en las cláusulas económicas de la Tercera Convención Colectiva Única y Unitaria.
Igualmente, que ante la volatilidad económica del país, las cláusulas financieras deben ser revisadas trimestralmente. El objetivo es evitar que la inflación pulverice el poder adquisitivo de los educadores, tal como ha ocurrido en el último cuatrienio, informó Liliana Yépez, presidenta de Suterala.
Recordó que el último aumento por decreto presidencial data del 3 de marzo de 2022, cuando el sueldo se fijó en 130 bolívares. “Para esa fecha representaba 30 dólares; hoy, esa misma cifra se ha reducido a apenas 0,30 centavos de dólar“, precisó la dirigente, señalando que el salario prácticamente ha desaparecido, siendo desplazado por bonificaciones que no tienen incidencia en vacaciones, aguinaldos ni prestaciones sociales.
En este sentido, la coalición —integrada por Sutelara, Sinvemal, Sumalara, Fenatev y Sinprotec— exigió la anulación del instructivo Onapre y del memorando 2792, instrumentos que califican como retrocesos a los beneficios conquistados históricamente por el gremio.
La vocera mencionó que las recientes declaraciones de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, sobre un posible ajuste salarial han generado altas expectativas. No obstante, el gremio se mantiene firme en que cualquier incremento debe ajustarse al artículo 91 de la Constitución, garantizando un ingreso digno que cubra la canasta básica.
“El educador tiene la misión de ofrecer calidad educativa, pero hoy ni siquiera tiene para pagar el pasaje. El salario no alcanza para la movilización mínima”, sentenció Yépez.
Restitución de salarios suspendidos
Al ser consultada sobre la situación de los docentes con sueldos suspendidos, la presidenta de Sutelara informó que se ha logrado la restitución del pago al 90% de los afectados. El 10% restante se encuentra actualmente bajo revisión por el Departamento Jurídico de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE).
La asamblea, celebrada en la sede de Sutelara en Barquisimeto, sirvió también para realizar un balance de las actividades gremiales ejecutadas durante los primeros dos meses del año 2026. AC
Con información de EI .-
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