Integrantes de la red de Excarcelados por la Democracia (RED) denunciaron retrasos y exclusiones en la aplicación de la ley de amnistía.
La Red de Excarcelados por la Democracia (RED) presentó este lunes una denuncia formal sobre los graves retrasos y exclusiones que empañan la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela. Desde la sede de la FCU-UCV, los voceros señalaron que, lejos de ser un proceso automático y transparente, la ejecución de esta norma parece estar sujeta a la voluntad política y a decisiones judiciales arbitrarias. Esta situación mantiene en la incertidumbre a cientos de personas que, a pesar de cumplir con los requisitos legales, siguen privadas de su libertad.
Williams Dávila, exgobernador de Mérida y ex preso político, fue tajante al afirmar que la ley no se está aplicando de oficio. Según explicó, la libertad de los detenidos depende actualmente de la discreción de cada juez, lo que ha derivado en lo que calificó como «exclusiones selectivas».
Dávila mencionó que casos de gran relevancia, como los de Perkins Rocha y la periodista Nakary Ramos, así como diversos efectivos militares y sus familiares, han sido ignorados por el sistema judicial, contradiciendo el espíritu de reconciliación y pluralidad que la propia ley profesa.
Opacidad en las cifras y el calvario familiar
Uno de los puntos más críticos de la rueda de prensa fue el cuestionamiento a las cifras oficiales. Mientras las autoridades sugieren que miles de personas han sido beneficiadas, la RED sostiene que todavía existen más de 500 presos políticos en el país.
Ante esta discrepancia, exigieron la publicación de listas oficiales y transparentes. Además, Dávila visibilizó el drama económico de las familias que viajan desde el interior hacia Caracas, enfrentando gastos insostenibles de traslado y hospedaje para intentar gestionar procesos judiciales que deberían ser expeditos.
El reclamo por los bienes y la situación del gremio periodístico
La exigencia de justicia también se extendió al ámbito patrimonial. Se denunció que el Estado mantiene retenidos bienes muebles e inmuebles como vehículos y viviendas, que no forman parte de las cadenas de custodia. Por otro lado, el periodista Carlos Julio Rojas relató su propia experiencia tras esperar más de 15 días por una respuesta judicial que nunca llega, bajo la excusa de que los tribunales «esperan órdenes de arriba». Rojas alertó que al menos 15 trabajadores de la prensa se encuentran en este limbo legal, recordando que detrás de cada expediente hay rostros y familias sufriendo un daño irreparable.
Con información de IMP.-
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