El representante ante la OIT, Jorge Roig, manifestó que la recuperación del poder adquisitivo en Venezuela pasa necesariamente por una reforma de la Ley del Trabajo. Durante una reciente entrevista, el empresario advirtió que el marco legal vigente dificulta la implementación de aumentos sustanciales, tras destacar que el sueldo base —congelado en 130 bolívares desde hace cuatro años— quedó totalmente rezagado frente a la realidad económica, representando hoy una cifra inferior a un dólar.
Roig explicó que el sistema de prestaciones sociales constituye uno de los puntos más críticos, ya que la inflación devora el valor acumulado de los trabajadores, lo cual genera un escenario donde nadie resulta beneficiado. Para el especialista, urge crear un entorno jurídico que permita mejores salarios sin que esto signifique una carga insostenible para la operatividad de las empresas bajo las reglas actuales.
Universidades exigen cumplimiento constitucional
A esta postura se unió el sector académico, que recientemente llevó sus reclamos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Autoridades universitarias de instituciones como la UCV, la ULA y LUZ denunciaron una omisión constitucional por parte del Estado al no decretar ajustes salariales acordes al costo de vida. Los decanos y representantes gremiales subrayaron que su petición se basa en el Artículo 91 de la Constitución, el cual vincula el salario mínimo con el costo de la canasta básica.
Mientras los sindicatos y las universidades mantienen la presión por un sueldo base digno, el Ejecutivo optó por una política de indexación de bonos, elevando el ingreso mínimo integral a 130 dólares mensuales. No obstante, los trabajadores cuestionan este esquema, ya que las bonificaciones carecen de incidencia en otros beneficios laborales, lo que profundiza la crisis del ahorro a largo plazo.
Con información de IMP.-
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