Con la participación de los diputados Wilmar Castro Soteldo y Henri Falcón, de la Asamblea Nacional; y el ingeniero Nelson Torcate, secretario general de gobierno del estado Lara, fue efectuada, en el auditorio de la Cámara de Comercio del estado Lara, al mismo tiempo que en otras ciudades del país, la consulta sobre el proyecto de la Ley de Derechos Socioeconómicos.
La gobernación del estado Lara, a través de la secretaría general de gobierno, solicitó los espacios de la institución gremial, según informó a El Impulso, su presidente José Vicente Ríos, para que el bloque parlamentario centroccidental expusiera el contenido de la ley, aprobada en primera discusión.
Documento
La Cámara de Comercio del estado Lara, indicó, entregó un documento mediante el cual formula recomendaciones para que la ley sea más dinámica desde el punto de vista económico, mayor protección a los derechos de los consumidores y que esté acorde con la Ley de Simplificación y Agilización de los Trámites Administrativos, aprobada también por la Asamblea Nacional el mismo día en que fue admitido el proyecto de la ley en vías de consulta, a fin de que permita, tanto a las empresas como consumidores, interactuar dinámicamente en la adquisición de bienes y servicios.
El dirigente gremial confió que para la directiva de la Cámara, la ley parece un avance importante, ya que reemplaza a la Ley de Costos y Precios Justos, aborda una nueva realidad económica y, por tanto, es positiva, añadió Ríos. Creemos que todavía hay cosas que pueden mejorarse y las estamos aportando.
Transformaciones
El ingeniero Torcate explicó que la consulta realizada en todo el país acerca de la nueva ley ha tenido como objetivo que los diferentes actores económicos, productores y consumidores, puedan revisar el proyecto de derechos socioeconómicos.En torno a esta materia han sido elaboradas varias leyes, las cuales han sido sometidas a una gran cantidad de transformaciones a lo largo de los años, añadió. Después de la Ley de Protección al Consumidor vinieron la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, la Ley para la defensa de la persona en el acceso a los bienes y servicios, la Ley de Costos y Precios, y la Ley Orgánica de Precios Justos.
Hoy, en el marco del relanzamiento económico del país, se requiere reglas de juego claras, que permitan a productores, distribuidores y consumidores contar con disposiciones más transparentes en el manejo de los precios, productos y calidad en los servicios; es decir, esa ley abarca todos esos aspectos. Lo que se quiere con la consulta, precisó el ingeniero Torcate, es que la Asamblea Nacional oiga caso a los industriales, comerciantes, vendedores y consumidores en todo lo que tiene que ver con las reglas a imperar en este modelo económico de Venezuela.
Constitución
Castro Soteldo, en el escenario del auditorio, dijo que ya en los considerandos del proyecto de la ley destaca el artículo constitucional 117, según el cual todas las personas deben tener el derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como una información adecuada y no engañosa.
En la primera discusión que se le hizo al proyecto, los miembros del Sindicato de Trabajadores Bolivarianos hicieron una observación extremadamente buena: debería aplicarse el artículo constitucional 113 y 118, el primero de los cuales impide los monopolios o que conduzcan por sus efectos a esa práctica y al dominio, que llevan a cabo los abusadores con los artículos de consumo masivo; y el segundo, que plantea la asociación de las personas para llevar a cabo actividades económicas, como es el caso de cooperativas.
Confianza
Falcón, quien fue el último expositor, calificó la ley de verdaderamente avanzada, innovadora, moderna, que en el marco del compendio legislativo entra en el espacio de confianza, credibilidad y seguridad jurídica para que tengamos más inversión y podamos atacar el problema más grave de los venezolanos, el de la economía.
En mi opinión, dijo, el problema más allá de lo político es el económico: salario, inflación, pensión, etcétera. Esta ley trae un conjunto de normas innovadoras en comparación con la actual ley en vigencia, la de Precios Justos, una ley terrible porque le ha hecho severos daños al proceso productivo venezolano. Y tiene el paradigma de salir de la penalización para establecer sanciones administrativas, en las cuales hay la posibilidad de conciliar.
COMENTARIOS