Especialistas explican que los bonos salariales y contrataciones privadas están en riesgo, tras aprobación de Ley de Pensiones
En alerta se encuentra el sector privado de Venezuela, luego que en tiempo récord (tan sólo seis días de discusión), la Asamblea Nacional aprobara la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al bloqueo imperialista que el presidente de la República firmó el miércoles 8 de mayo, y que entró en vigencia este viernes en Gaceta Oficial N° 6.806. Esta normativa establece en el artículo 7 que las personas jurídicas de carácter privado, domiciliadas o no en el país, deberán dar una contribución especial que será de hasta el 15% del total de los pagos realizados a los trabajadores, por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial.
"En ningún caso la base del cálculo de los pagos realizados a cada trabajadora o trabajador será menor al ingreso mínimo integral indexado definido por el Ejecutivo nacional", reza la publicación. Los pagos se harán mensualmente ante el Seniat.
"En junio quiero la platica para seguir creciendo", comunicó Nicolás Maduro, desde un acto político en el estado Miranda, y convocó a José David Cabello, superintendente del Seniat, a llegar a un consenso con el sector privado.
Para expertos tributarios, la medida ha puesto a correr a gerentes de empresas, jefes de Recursos Humanos, analistas financieros y abogados que analizan la normativa, para determinar el impacto que tendrá en la economía, y cómo poder hacerle frente a una medida que se traduce en un incremento de la carga tributaria. Según la firma de consultoría PwC Venezuela, sin esta ley ya los tributos representaban el 68% de los ingresos netos de una empresa.
"Esta ley va a obligar a reconfigurar la política de remuneraciones de las empresas, salarial y de empleo, afectará a todo el país", exclamó Héctor Orochena, licenciado en Ciencias Fiscales. Argumenta que casi la totalidad de las empresas privadas realizan incrementos del ingreso a sus trabajadores, pero a través de bonificaciones que no tenían que ver con las prestaciones sociales.
"La normativa legal puede afectar los aumentos salariales que el sector privado haya planificado para este año. La ley establece que se pague esta contribución especial, tomando en cuenta cualquier cosa que se le pague al trabajador, sea de carácter salarial o no. Por ejemplo, si la empresa paga el colegio de los hijos de los trabajadores u otorga un bono escolar, puede que ahora reconsidere no pagarlo. Los empresarios tomarán en cuenta esta ley para determinar el bono vacacional y de fin de año, remuneraciones que no tienen impacto en el salario, pero que ahora quedan incluidas en la base imponible", vaticinó.
Esta medida puede afectar las nuevas contrataciones en el sector privado. "Las empresas serias se van a resistir a esta ley, y van a hacer lo que sea para no caer por el precipicio, porque los empresarios operan para ganar dinero, no para perderlo", expresó Orochena.
Ana Uzcátegui
LA PRENSA DE LARA.-
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