El Secretariado Nacional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) rechazó la creación del estado Mayor de Comunicaciones, afirmando que la medida les llena de preocupación.
señala con preocupación la instauración de un organismo de inspiración militar como lo es el Estado Mayor aplicado al pensamiento y la cultura, a la libre circulación de las ideas y a derechos fundamentales del hombre como lo son el de la libre expresión, el acceso a la información, a la creación artística, a la libertad de cátedra y de asociación», expuso el CNP.
Lea a continuación el comunicado íntegro del CNP:
«Nosotros, los participantes del LVII Secretariado del Colegio Nacional de Periodistas, reunido en la ciudad de Baruta, estado Miranda, los días 2 y 3 de marzo de 2024 rechazamos de manera unánime, en nombre de nuestros casi 27 mil agremiados, inscritos en las 26 seccionales a lo largo y ancho del país, rechazamos la pretensión de crear en Venezuela un Estado Mayor de la Comunicación, idea anunciada recientemente por el ministro Freddy Ñáñez en ocasión de haberse celebrado en la ciudad de Mérida el «Congreso de la Nueva Época: Siete Transformaciones como método para alcanzar el camino para la prosperidad».
El vicepresidente sectorial de la Comunicación y la Información, en su presentación como vocero del área en el citado congreso, solicitó la creación de dicho Estado Mayor argumentado la «modernización de las leyes» referentes a la comunicación popular, en un marco ideológico de «transformación y recuperación de la identidad nacional», aparentemente circunscrita en el ámbito de la cultura popular, las artes y las representaciones folclóricas.
Para el anuncio, el ministro utilizó un lenguaje ambiguo que nos llenó de preocupación y alarma, sobre todo porque se da en un contexto preelectoral en el que el ecosistema de medios del país se encuentra reducido al mínimo, con el cierre sistemático de cientos de estaciones de radio y de programas de opinión, la desaparición práctica de la prensa escrita a partir de maniobras de asignación de papel periódico y de otros insumos, de persecución y criminalización de reporteros y comentaristas que investigan sobre irregularidades gubernamentales, del bloqueo constante a páginas de Internet cuando se muestran críticas a la actuación del régimen, de la censura como norma, de la opacidad de las instituciones nacionales a la hora de ofrecer los datos de su gestión pública y de la aprobación de una ley que regula de manera ilegítima las organizaciones no gubernamentales donde la sociedad civil hace vida, entre otras tantas maneras de control total sobre el hecho comunicacional y periodístico, todo ello concretando la hegemonía comunicacional estatal que desde 2007 fue anunciada por el entonces ministro de Información y Comunicaciones, Andrés Izarra García, la cual ha sumido en el silencio periodístico a una buena parte del país.
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