La Cámara de Comercio de Maracaibo rechazó mediante un comunicado las amenazas de cárcel emitidas por el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova y de Lisandro Cabello, secretario de Gobierno del estado Zulia, hacia el presidente de Fedecámaras-Zulia, Franco Cafoncelli.Dicho comunicado fue emitido luego de que Cafoncelli fuese acusado de supuestamente promover el impago de los impuestos correspondientes a la nueva Ordenanza Municipal de las actividades económicas y comerciales, industriales y de servicios en el municipio Maracaibo, dictada por la mencionada Alcaldía en el mes de diciembre de 2018.
Cabe recordar que Lisandro Cabello, advirtió el lunes que los empresarios y comerciantes que no paguen el impuesto de actividad económica decretado en Maracaibo pueden ir presos.
“Presos los vamos a poner. Si alguien cumple con esto (de no pagar impuesto), incurre en instigación a delinquir, aplicamos el código penal y ahí está la justicia”, comentó poniendo como primer ejemplo al representante de Fedecámaras.
A continuación el texto integro:
Fedecámaras rechaza las amenazas de prisión emitidas contra el presidente de Fedecámaras Zulia, Franco Cafoncelli, por parte del Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova y del secretario de la Gobernación del estado Zulia, Lisandro Cabello, por supuestamente “promover el impago” de los impuestos correspondientes a la nueva Ordenanza Municipal de las actividades económicas comerciales, industriales y de servicios en el Municipio Maracaibo, dictada por la mencionada Alcaldía en el mes de diciembre de 2018.
El gremio empresarial está en la obligación de alertar y/o denunciar toda medida que ponga en peligro la sostenibilidad empresarial, el desarrollo y la diversificación de la economía nacional, estatal y municipal, basado en el “sistema de la empresa privada y de la libre iniciativa, dentro de un orden jurídico que proclame, garantice y respete los derechos fundamentales del hombre y la propiedad privada”, conforme a lo previsto en los Estatutos de Fedecámaras.
Fedecámaras y sus cámaras afiliadas se mantienen apegadas a lo que dicta la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente. Al emitir sus consideraciones sobre el impacto de la medida planteada sobre el sector empresarial, los líderes gremiales no han realizado llamados al incumplimiento o desacato de las leyes u obligaciones vigentes.
Rechazamos el amedrentamiento por parte de las autoridades regionales a los líderes gremiales y empresarios zulianos, quienes a pesar de la grave situación económica que vive el país, siguen haciendo sus mayores esfuerzos por mantener sus puertas abiertas, generando y produciendo los bienes y servicios que requiere la población.
Reiteramos que la estabilidad económica no se consigue a través de amenazas, cierres o expropiaciones. Acciones como éstas, sin la debida consulta, son las que mantienen en jaque al tejido empresarial del país.
Venezuela necesita un marco regulatorio y medidas consensuadas que generen la confianza necesaria, reglas claras y bases sólidas para atraer inversiones nacionales e internacionales que garanticen la promoción e impulso de la producción nacional, y así, evitar un mayor deterioro de la economía, del sector empresarial y del bienestar de las familias venezolanas.
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